Señor Director:
Nuevamente somos testigos –ahora en su medio el 4 de este mes– de los tratos vejatorios que sufren mujeres embarazadas en la cárcel. Esta vez se trata del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, que no cuenta con los estándares mínimos para atender el parto de 15 internas y que ya cobró una vida, además de obligar a una imputada a parir cerca de depósitos de basura. ¿Qué Estado de derecho permite que un inocente venga al mundo en esas condiciones? ¿Cómo toleramos que una mujer dé a luz de forma tan denigrante, peligrosa y humillante? ¿Realmente esperamos que una interna –condenada o imputada– pueda reinsertarse en la sociedad luego de que esta le diera la espalda privándola de su dignidad?
Hace más de siete años que se tramita la “ley Sayén”, la cual busca suspender la sentencia penal y la prisión preventiva a mujeres embarazadas o a aquellas que tengan hijos menores de tres años. Lamentablemente esta duerme desde julio del año pasado en la Comisión de Hacienda del Senado y a la fecha su presidente no ha considerado relevante discutirla. Es de esperar que quien asuma en un par de días la presidencia de esta comisión retome la discusión y que, a pesar del bajo rédito político en estas materias, pongamos en el centro a las mujeres más vulnerables y olvidadas.
Emilia García, es Investigadora de IdeaPaís. Carta publicada en El Mercurio, el 7 de abril.