Los hechos noticiosos de esta semana son bencina para el malestar y la gestación de caudillos sin Dios ni ley.
Por un lado, nos gobiernan improvisadores. Personas que desconocen sus atribuciones. Que avanzan sin transar, desatendiendo el daño cultural que provoca su avance ciego y torpe. Y que creen que a punta de disculpas públicas todo lo pueden enmendar.
Antes fueron los indultos, las fundaciones y los errores administrativos. Ahora es el turno de las pensiones de gracia. Inicialmente, el gobierno las calificaba como «irreversibles». Pero hoy los «alberga» otra convicción: las pensiones pueden ser retrotraídas por una facultad administrativa del Presidente de la República. Así, el presidente Boric anunció la revocación de 50 casos adjudicados en los últimos cinco años a quienes hayan cometido delitos graves, como homicidio, violación, o narcotráfico.
Obviamente, el PC dijo que esta revocación es «una aberración sin precedentes». Y obviamente, el gobierno se dio cuenta que seguir tolerando la impunidad de la violencia no renta, por lo que echó pie atrás sin mucha vergüenza, y sin advertir que la línea de crédito de volteretas se agota con peligrosa rapidez. Aún quedan dudas por resolver: ¿Implica la revocación de estas pensiones que hace un año también se pudieron haber revocado los indultos? ¿Basta con informes jurídicos para modificar convicciones íntimas y luego actuar en conformidad a ellos? Lo que no admite más plazos ni vueltas es la necesidad nacional de que el gobierno abandone todo tipo de relación amorosa con el octubrismo.
El caso de Cathy Barriga es muy distinto, y en sí mismo, más grave. El Ministerio Público pide prisión preventiva en su contra, al atribuirle fraude al Fisco por 30.000 millones de pesos, además de otros delitos. Se trata de un personaje con un personalismo más grande que el monto indicado, que habría hecho una estafa tan grave como la del Caso Convenios: usar platas públicas que, en lugar de beneficiar a quienes más necesitan, fueron (al menos) despilfarradas al son del pan y circo, que vende pero engaña.
La UDI tiene una oportunidad única para actuar en consecuencia. Pasar a Comisión de Ética a Joaquín Lavín jr. es un mínimo. El partido, con su nominación y respaldo en la última elección, fue activo cómplice de la farandulización de la política, caracterizada por obtener —con poco esfuerzo— escaños que después son incapaces de administrar adecuadamente. La situación no admite sino determinación, cueste lo que cueste, y asumir responsabilidades transparentemente.
Ambos casos, aunque diferentes, obedecen a un mismo patrón: representantes que juegan con sus representados. Unos malversan fondos, otros improvisan. Todos colaboran con incrementar el malestar y disconformidad con nuestras instituciones, y con incubar el nacimiento de populismos que barrerán con todo y con todos. ¿Estaremos a tiempo de enmendarlo?
Cristián Stewart, es Director Ejecutivo de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 18 de enero.