¿Qué tienen en común Juan Ramón Godoy, Raúl Torrealba y Martín Arriagada? Estos tres desempeñan o desempeñaron el cargo de alcalde -en Rancagua, Vitacura y Sagrada Familia, respectivamente-. Pero no sólo eso: los tres están siendo investigados por el Ministerio Público por “delitos funcionarios”, es decir, por delitos como fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, entre otros. En otras palabras, por corrupción. 

Ante esta situación, es necesario que como ciudadanos prestemos toda la atención, ya que esta conducta no sólo se replica a nivel municipal, sino que también se percibe en otros órganos del Estado: la autodenuncia de la diputada Orsini por presunto tráfico de influencias -en el caso del exfutbolista Jorge Valdivia- así lo evidencia. Esto es de suma relevancia porque la conducta de las autoridades modelan el desempeño de las instituciones y la percepción de confianza por parte de la ciudadanía, que son claves para la legitimidad democrática. Pero, ¿Cómo llegamos a esta situación? 

La respuesta: por inacción. Hace ya ocho años, el Comité Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, publicó un informe con recomendaciones, dentro de las cuales se encuentran propuestas para la prevención de la corrupción. De esta forma, los primeros actores analizados fueron los municipios, donde ya se advertían los enormes márgenes de discrecionalidad con que cuenta la autoridad comunal, la falta de estándares para el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, y el insuficiente estándar y aplicación de las  reglas sobre transparencia. Por lo tanto, el diagnóstico a los municipios ya estaba hecho, sólo faltó avanzar en medidas de política pública: imaginemos cuántos recursos públicos y daños a la fe pública nos hubiéramos ahorrado en este tiempo. 

La corrupción está mucho más cerca de lo que pensamos, por lo que es necesario avanzar en instrumentos que permitan detenerla, o al menos, disminuirla. En este sentido, el nuevo proceso constitucional que acaba de iniciarse pareciera ser una oportunidad para evaluar, discutir y proponer cambios a la gestión interna de los municipios, así como fortalecer los mecanismos de control.  Se trata de un gran reto, debido a que tenemos un mal antecedente: a enero de 2022, más de la mitad de los municipios estaban siendo investigados por corrupción, de acuerdo al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero si seguimos en la inacción… en unos años ya será muy tarde para ejecutar cambios.

Matías Riveros coordinador regional IdeaPaís O´Higgins , publicada por El Tipógrafo en la edición del 09 de marzo de 2023