Al igual que el año pasado, miles de niños se encuentran sin posibilidad de asistir a un establecimiento educacional por falta de matrículas. Si bien, ello no ocurre en todos los territorios ni niveles educativos, no podemos pasar por alto que tales niños están siendo vulnerados en su derecho a la educación.
Los factores migratorios pueden ser relevantes para explicar el aumento de solicitudes de matrícula, pero no bastan para dar cuenta de las razones de una oferta disponible insuficiente. Lo más preocupante es que el Ejecutivo siga empecinado en priorizar una oferta pública que no se concreta y que, de hecho, en algunos casos como ocurre en Atacama, ha demostrado que está incapacitado de cumplir.
En efecto, el Ministerio de Educación ingresó el año pasado un proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública con el supuesto objetivo de mejorar aquellos aspectos que la ley no pudo. Sin embargo, éste, en vez de concentrarse en aquellos aspectos necesarios para tener establecimientos públicos que puedan prestar un servicio educativo de calidad, “prioriza la educación pública”, estableciendo nuevas limitaciones para los establecimientos particulares que quieran impetrar la subvención escolar y para aquellos de administración delegada, aun cuando las familias constantemente demuestran una mayor preferencia por ambos.
Fuera de la injusticia que ello significa para las prioridades ciudadanas, lo más grave es lo que ocurre en la propia educación pública, ya que estas nuevas limitaciones que agravan las existentes (introducidas en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con la Ley de Inclusión), no van acompañadas de una preocupación real por el servicio educativo que deben prestar los establecimientos públicos.
De forma incomprensible, el proyecto de ley señala que, existiendo una resolución de la Subsecretaría de Educación en coordinación con la Seremi que tenga por objeto priorizar la oferta pública escolar, deben suspenderse los procedimientos iniciados por proyectos educativos particulares para solicitar el reconocimiento oficial o para impetrar la subvención escolar por primera vez. Cabe tener presente que desde el 2016 en adelante, con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, disminuyó ampliamente la cantidad de solicitudes realizadas debido a las nuevas limitaciones introducidas, sin considerar todas aquellas que, habiéndose hecho, fueron rechazadas. Por esto no logra entenderse por qué esa supuesta preocupación al establecer la educación pública como prioridad no va acompañada por una mejora del servicio. Más bien todo lo contrario. Lo que se generaría es limitar aún más la expansión del sector particular subvencionado, que guste o no, ejerce en muchos casos de mejor forma la función pública que muchos establecimientos municipales o dependientes de SLEP.
En efecto, la existencia de esa misma resolución, en lugar de significar nuevos establecimientos, autoriza el funcionamiento de dos o más establecimientos públicos en un mismo local escolar, el traslado transitorio de los establecimientos a locales con destino no educacional, o la apertura de nuevos niveles o cursos en el mismo. Todo lo anterior tendrá la probable consecuencia de que los actuales estudiantes se vean perjudicados por mayores alumnos en el mismo local, una disminución de jornada para permitir mayor cantidad de alumnos, o el traslado a un nuevo lugar más lejano del que se estaba o, menos preparado para la enseñanza de los aprendizajes. Si bien estas medidas se califican de esencialmente temporales, el proyecto de ley no fija un plazo máximo de duración.
El drama de falta de matrículas ya no es novedad, pero las reformas que este Ministerio de Educación está proponiendo van directamente en contra de dar una solución de calidad a esos niños, e incluso, pueden profundizar los problemas que ya conocemos. Las familias priorizarán la educación pública cuando ésta sea atractiva, segura y de calidad, y no cuando se sigan limitando las alternativas disponibles.
Francisca Figueroa es Investigadora IdeaPaís. Columna publicada en La Tercera, el 26 de marzo.