El progresivo deterioro y debilitamiento de nuestro sistema de partidos es tan evidente, que hoy una gran mayoría promueve avanzar en una reforma que revierta la fragmentación política. Tenemos grandes problemas de gobernabilidad, cuyo origen se encuentra, en parte, en la perjudicial combinación de multipartidismo (agravado tras la caída del binominal en 2015) y el sistema presidencial. El bloqueo entre el ejecutivo y legislativo hace cada vez más difícil y costoso alcanzar acuerdos para avanzar en políticas públicas.
Aún así, la prioridad de reformar las reglas no viene dada solo por la atomización del sistema, sino también por la imperiosa necesidad de revertir la baja que ha experimentado la institucionalización del sistema de partidos en Chile. Hoy es más difícil tener previsibilidad del comportamiento de los actores políticos, y por ello, las expectativas futuras son menos nítidas y más inestables.
Existen tres aspectos de nuestro sistema que advierten la desinstitucionalización del sistema de partidos. Primero, es cada vez más frecuente el ascenso de nuevos conglomerados que muy rápidamente se convierten en actores importantes del juego. En los sistemas institucionalizados esa expansión es menos acelerada, y se tiene, por tanto, un cierto nivel de previsibilidad en las elecciones venideras. Segundo, existen emblemáticos partidos políticos que han perdido grandes volúmenes de votos de forma apresurada, disminuyendo su injerencia en la dinámica política drásticamente. Y tercero, variados actores políticos han renovado constantemente sus posturas programáticas e ideológicas, lo que a su vez ha generado desafección y un menor nivel de vinculación con sus votantes.
El proyecto de reforma presentado transversalmente por senadores va en la línea correcta. Sin embargo, en la discusión pública ha tomado un rol protagónico el umbral del 5%, que con todas las virtudes que tiene, no es suficiente para corregir los incentivos perversos del sistema.
Con ello se ha olvidado que la reforma contiene el cese del cargo al diputado o senador que renuncia al partido político que declaró su candidatura. Dicha medida permitiría aumentar la disciplina partidaria y evitar el transfuguismo, pero por sobre todo, contribuiría a mejorar la confianza y afección del sistema, toda vez que los actores políticos se verían incentivados a mantener la misma línea política y programática en la cual fueron electos. No es inocuo que en el último periodo parlamentario 27 diputados y 5 senadores hayan renunciado a sus partidos.
Adicionalmente, políticas como definir mayores requisitos para la creación de partidos o disminuir la magnitud de los distritos electorales, ayudarían a elevar la institucionalización del sistema. Esto posee varias ventajas. Se facilita el accountability político, disminuye la deslealtad y el discolaje, el voto ciudadano se vuelve menos volátil, se fortalecen los partidos políticos programáticos y se evitan las excesivas redes clientelares y el caudillismo.
Es verdad que la reforma al sistema político no es la bala de plata para resolverlo todo, pero modificar los arreglos institucionales se constituye como una condición indispensable para disminuir la fragmentación y frenar la desinstitucionalización del sistema de partidos.
Kevin Canales es Director Regional de IdeaPaís Biobío. Columna publicada en El Sur, el 30 de marzo