El artículo 1 de la propuesta de Constitución señala que Chile se constituye como una república solidaria. A su vez, la palabra solidaridad aparece 16 veces dentro del texto y se enuncia entre los principios que orientan varios de los sistemas, como salud, educación y pensiones. Si bien esto podría ser una propuesta relevante en la manera que pensamos nuestra institucionalidad, una lectura más detallada del texto da cuenta que la propuesta está lejos de entender la solidaridad como un principio que estructure al Estado.
La Convención lamentablemente entendió la solidaridad de una forma restrictiva, solo como una manera de distribuir por igual los recursos entre las personas. Por ejemplo, las cotizaciones en salud pasan de forma solidaria al sistema y dejan de ser individuales. Esta manera de entender la solidaridad en realidad tiene poco que ver con su comprensión como principio político, en el cual todas las personas somos responsables de alcanzar el bien común
Bajo esta mirada, no sería posible entender la solidaridad sin subsidiariedad, principio que muchos se alegran de haber superado en esta propuesta. Precisamente, la manera de hacer efectiva la solidaridad es permitir que la sociedad civil pueda organizarse entre sí para acceder a mejores condiciones. De este modo, si desde la subsidariedad se comprende la organización de la sociedad para conseguir fines particulares, la solidaridad permite ordenar estos fines a un bien que es compartido. Así, la solidaridad pone de manifiesto la interdependencia de los fines entre cada persona y la sociedad en su conjunto.
Comprender el Estado solidario permite no sólo avanzar hacia mejorar las condiciones de vida de las personas desde un Estado que da respuesta a sus necesidades materiales, sino también entender los fines comunes entre las personas y las organizaciones, aportando a solucionar a la fragmentación que hoy vemos de la sociedad civil y su desafectación con la política.
Pero la propuesta avanza hacia un sentido opuesto a lo planteado: lo que se propone desde el texto es un Estado que pasa a sustituir lo espacios propios de la sociedad civil, desincentivando la asociación y organización propia de la ciudadanía para dar respuesta a sus problemáticas. Dos ejemplos permiten notar esto con claridad: la propuesta no garantiza que la sociedad civil pueda abrir y organizar escuelas distintas a las del Estado, y se limita también que pueda haber más de una junta de vecinos por unidad vecinal.
De esta forma, de aprobarse esta propuesta no sólo no seriamos una república solidaria, sino que además, profundizaríamos aún más la fragmentación política y el desencuentro entre la sociedad civil.
Columna por Magddalena Vergara, Directora de Estudios de IdeaPaís, publicada por El Líbero en la edición del 21 de agosto de 2022.
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