El Presidente Boric está haciendo suya la estrategia “Aprobar para reformar”. Con el fin de despejar incertidumbres y reducir riesgos, instó a sus correligionarios a comprometerse con reformas específicas antes del 4 de septiembre. Sin embargo, cuatro problemas hacen a dicha estrategia poco viable, y por lo tanto poco creíble.
Partamos por el texto. Es legítimo preguntarse por qué razón las mismas fuerzas políticas que evacuaron el producto final sin mayor oposición, van a estar dispuestas a modificar sustancialmente el trabajo de sus convencionales, y así cumplir con los altos quorums de reforma que exige el artículo 384. A ello se suma la dificultad fáctica que agrega el artículo 66: los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados previo a adoptar medidas legislativas y administrativas que los afecten en sus derechos. Si dichas consultas arrojan un porcentaje significativo en contra de una reforma constitucional que busque modificar la Constitución aprobada (esto es, una ley), la presión que tendría el Parlamento sería enorme.
Sorteados los quorums y asumiendo la necesaria destreza política para alcanzarlos (un supuesto generoso), ¿qué se modificará? El mismo presidente Boric señaló que “las coaliciones estuvieron de acuerdo con lo sustantivo” del texto. ¿Estarán dispuestos a modificar mañana aquello que hoy justifican como el núcleo de la propuesta? Más aún: para reformar las materias que están en el corazón de la propuesta, como la plurinacionalidad, el sistema nacional de justicia y el sistema político —son estos los asuntos en los que se pedirá modificación, no en aquellos en que hay consenso— se requerirá cambios no solo en varios artículos, sino en varios capítulos, lo que complica aún más el desafío.
Cumplido lo anterior, subsiste el desafío de que los compromisos de cambio prometidos antes del plebiscito se cumplan. Ha quedado demostrado (ejemplos sobran) que el Gobierno cambia de parecer con no poca frecuencia. ¿Qué garantiza que no lo vaya a hacer nuevamente? El Partido Comunista ya ha advertido que no quieren cambiar esta Constitución, y si el Apruebo gana con un porcentaje considerable, no es difícil avizorar que parte de la izquierda dirá que el mandato consiste en implementar la Constitución, no en reformarla.
Y cuarto, la gran traba que probablemente encontrarán las reformas del Apruebo estará en la implementación de la propuesta. Argumentos del tipo «no es razonable cambiar aquello que aún no se implementa» saldrán tan pronto el texto se apruebe. Y si esperamos a que la Constitución esté implementada, habrá sido tan costoso económica y culturalmente, que el país ya será otro y no habrá vuelta atrás.
No hay que desconfiar de la buena fe. Pero confiar ciegamente en declaraciones vacías de medios para lograrlas se llama voluntarismo. Y los voluntarismos son imposibles de creer.
Columna por Cristián Stewart, Director Ejecutivo IdeaPaís, publicada por La Segunda en la edición del 4 de agosto de 2022.
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